El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, expresó su convencimiento de que Cuba tiene futuro como destino turístico y aseguró que ese futuro estará siempre unido indisolublemente al nombre de la cadena española.
El directivo aseguró que el grupo hotelero mantiene su apuesta en Cuba, donde cuenta con una cuota del 30 % de las estancias, y confía en que la “controversia” con Estados Unidos tenga finalmente una resolución que respete el Derecho Internacional.
Ante la junta de accionistas, celebrada en la ciudad de Palma, Escarrer Juliá recordó la historia de la hotelera en el país caribeño e indicó que en estos 31 años nunca se ha arrepentido de haber apostado por su desarrollo turístico, señaló la agencia Europa Press.
Nos encontramos con un país único, inimitable, con unos activos extraordinarios por su naturaleza y sus playas, su cultura, su patrimonio y algo tan importante para el turismo como es la seguridad y estabilidad, y por supuesto con la calidez y hospitalidad extraordinaria de su gente, resaltó.
Por ello, precisó, aunque los desencuentros con la administración norteamericana ha sido también parte de la historia de Cuba estoy seguro de que esta nueva controversia tendrá una resolución respetuosa bajo los principios del derecho internacional.
El consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, por su parte, reconoció que el conflicto de Estados Unidos con Cuba ha afectado, sobre todo, a los hoteles urbanos, en una disminución de las tarifas y de la ocupación, aunque apuntó que el porcentaje de clientela norteamericana en sus establecimientos de Cuba apenas llega al 3 %, principalmente concentrado en La Habana.
Pero llevamos 31 años lidiando con diferentes gobiernos tanto republicanos como demócratas y estamos orgullosos de haber contribuido al desarrollo del sector, dijo y opinó que “en estos momentos es cuando tenemos que mostrar nuestro apoyo”.
La Ley Helms-Burton, de 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impuso hace casi seis décadas a la Isla, con medidas extraterritoriales, y fue recientemente recrudecida con la activación de su Título III, que permite a ciudadanos o empresas estadounidenses entablar demandas sobre propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.
